Tras la gran entrada en Ceuta de personas huyendo de la monarquía dictatorial marroquí el pasado 30 de julio, son muchos los análisis que se han ido realizando. Se ha hablado de la evidente, aunque posiblemente mal calculada (el rey alauita ha quedado en entredicho en su propio país y en la escena internacional), colaboración del propio régimen marroquí; de la indecencia europea y española ante un drama que ha matado a más de 140 personas ante la indiferencia general; del servilismo de la UE y el Gobierno español (de nada le sirvió a Sánchez y Albares traicionar al pueblo saharaui para congraciarse con el caudillo marroquí) con una autocracia que depende económicamente de la UE para mantenerse en el poder; o de la coordinación de las extremas derechas mundiales y españolas para debilitar al gobierno de centro-izquierda dirigido por Pedro Sánchez.
Si bien, en la práctica, y al margen de los alaridos de cierta prensa ibérica, la cuestión ha sido resuelta con inusitada rapidez al enviar de vuelta a la enorme mayoría de inmigrantes (cosa diferente es el respeto, o la ausencia del mismo, a los trámites exigidos por la Ley y Reglamentos de Extranjería a la hora de expulsar personas extranjeras). El «no debate», típico de España, es si somos capaces de atender a 1.500 menores en un país de 50 millones de personas. Mal hacemos en entrar en estas provocaciones. Si un país no puede gestionar el cuidado de menos de 2.000 (o cuantos sean finalmente) niños y niñas, no es un país digno de ese nombre. Al racismo no se le combate hablando de moral, pues el racista carece de ella. Se ofrecen datos: España podía, y pudo, acoger a 350.000 ucranianas. Y puede acoger a 1.500 menores sin familia. Fin del «no debate».
Sin embargo, en esta jauría de griterío, la ultraderecha italiana, aliada por otra parte con la socialdemocracia danesa, ha ido un poco más allá suspendiendo la libre entrada de personas provenientes de España en barco o avión, regulada en el Acuerdo Schengen. Según el gobierno ultra, Italia se acoge a la posibilidad de reintroducir controles (la suspensión, por tanto, del objeto y el fin del tratado), acogiéndose a la cláusula que permite hacerlo si «se acreditan» razones «para responder a una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior». Como es evidente para cualquier alumna de primaria, la entrada de inmigrantes a Ceuta, ciudad africana a miles de kilómetros de Italia, en ningún caso puede poner en riesgo a Italia. Primero porque la inmigración no es una amenaza, sino un fenómeno económico y sociológico. En segundo lugar, porque nadie puede cruzar al continente sin control policial, luego no afecta en nada al resto de Estados UE (de ahí que Portugal y Francia, con quien España sí comparte frontera terrestre, no hayan activado esta medida).
De esta forma, la decisión del gobierno italiano viola directamente el régimen jurídico que conocemos como «Espacio Schengen», pues no es lícito reintroducir controles sin riesgo para el orden público o la seguridad. La suspensión estaba prevista para casos como la pandemia de la COVID-19, en el que la llegada de personas de Italia podía implicar transmisión del virus. La suspensión del acuerdo por parte del gobierno de Meloni ante el drama humanitario en Ceuta sólo tenía como objetivos debilitar al gobierno de coalición español, castigar su exitosa política migratoria que incorpora decenas de miles de trabajadoras a la Seguridad Social mientras el crecimiento macroeconómico se mantiene (al contrario que en el país transalpino) y ocultar el fracaso de la gestión de las migraciones en Italia.
Cuando un Estado viola un tratado o una norma internacional, el Estado perjudicado puede activar contramedidas, o represalias, como se las conoce coloquialmente. Esta es una de las diferencias entre el Derecho internacional y el Derecho interno. En este último, si por ejemplo tu casera deja de arreglarte la ducha, tú no tienes derecho a dejar de pagar el alquiler «como represalia». En el ordenamiento internacional, al contrario, la violación de un tratado por parte de un Estado permite al afectado romper o violar partes del mismo, de manera proporcional, pero sin incurrir en un ilícito, con el objetivo de forzar al primero a cumplir de nuevo. De esta manera, ante la violación italiana del régimen Schengen, España tenía derecho a aplicar represalias.
Así, tenía derecho a suspender parte de los acuerdos Schengen en relación a Italia, simplemente por la violación de los mismos por parte del gobierno de Meloni. Sin embargo, en la Orden Ministerial del Ministerio del Interior del 9 de agosto, que instaura controles a las personas provenientes de Italia, se hace alusión, no a la violación italiana del acuerdo, sino al hecho, irrefutable, de que Italia ha recibido tres veces más inmigrantes en sus costas que España. De esta forma, el ministerio de Marlaska menciona también el «riesgo para el orden público y la seguridad interior» que el caos de la gestión migratoria italiana (este sí real) podría provocar en España. Es decir, en lugar de subrayar que la inmigración no es en ningún caso un problema de orden y seguridad, sino de economía, derechos humanos y laborales, el gobierno de Sánchez ha comprado el discurso ultra italiano (o de la socialdemocracia danesa) y se lo ha devuelto.
Por supuesto, lo hace para subrayar públicamente tres cuestiones: que no se va a dejar amedrentar por matonas de patio de colegio; que en Italia entraron 66.000 personas en 2025 y en España 19.000 (datos Frontex incluidos en la Orden Ministerial) y que, por tanto, las políticas de extrema derecha se hunden solas; y, por último, para demostrar que el Gobierno español mantiene el control de sus fronteras, tanto las exteriores (Ceuta-Marruecos), como las interiores en Europa (España Italia).
Jurídicamente, la puesta en práctica de controles a quienes vengan de Italia no requería de justificación más allá del previo incumplimiento de Italia. Utilizar el discurso extremista y ultra alimenta los «no debates». Políticamente, era más sano, democrático y respetuoso con los derechos humanos y los valores europeos expresados en los Tratados UE subrayar los éxitos de la gestión migratoria española, señalar el fracaso de las políticas ultras y confrontar públicamente con los gobiernos racistas. Nada desespera más al neofascismo mundial que un gobierno que demuestra que la inmigración genera retos, pero especialmente riqueza económica, cultural y social. Y nada puede hacer salir más a votar a las personas de bien que la fuerza de la razón.
Ander Gutiérrez-Solana Journoud es profesor Derecho Internacional Público en la Universidad del País Vasco (EHU/UPV)
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